Abogado en Oviedo

Abogados en Oviedo. Servicios y Experiencia

Los servicios del despacho de abogados. Oviedo.

El despacho ofrece servicios integrales de abogacía para empresas y particulares, así como una atención especializada en todas las áreas del Derecho Administrativo y materias conexas. Numerosas empresas que acudieron inicialmente al despacho por un problema con alguna Administración Pública han pasado después a recibir un servicio integral.

El despacho atiende por igual al sector privado y a las Administraciones Públicas, que son clientes habituales en los asuntos más variados, ya se trate de responder a pleitos planteados por particulares o de enfrentarse a otras Administraciones Públicas.

Calidad y atención a los clientes

Si algo caracteriza al despacho de abogados, junto a la cualificación de sus socios, es el constante contacto con los clientes y el seguimiento directo y personal de los asuntos, sobre los que los clientes reciben la más amplia información. La atención se dedica a los asuntos y no a la labor comercial, que no supone distracción alguna en el seguimiento de aquéllos.

En este despacho se cultiva ante todo la calidad en el asesoramiento, en los escritos y en todo tipo de actuaciones jurídicas –calidad contrastada a lo largo de los años–, conscientes de que sólo desde ese saber hacer se pueden tutelar adecuadamente los intereses de los clientes.

Experiencia

El despacho se ha ocupado en los últimos treinta años de numerosos asuntos de gran importancia, complejidad jurídica y trascendencia tanto en Asturias, donde su reputación se encuentra especialmente asentada, como fuera de ella, pudiendo mencionarse a continuación una pequeña muestra de temas relevantes.

En materia de medio ambiente, cabe mencionar asuntos como la defensa de Administraciones Públicas en asuntos relativos a localización de infraestructuras molestas o insalubres, que se han saldado con éxito, llevando incluso a la modificación de la legislación ambiental autonómica con la eliminación del requisito de la separación a 2.000 metros de los núcleos habitados más próximos, que ha sido clave para el mantenimiento de varias de estas infraestructuras. También puede mencionarse la defensa de empresas que gestionan actividades que requieren autorizaciones ambientales integradas y la impugnación de sus condiciones, o la defensa de entidades locales contra la localización de infraestructuras de titularidad supramunicipal (gasoductos, carreteras).

Todo lo relativo a la propiedad privada, su titularidad y delimitación, tanto en relaciones con Administraciones Públicas como con particulares, constituye una especialidad del despacho, a partir de su inicial relación con el Derecho Urbanístico pero yendo mucho más allá de sus fronteras. Cabe destacar la reivindicación, con éxito, de la propiedad de parcelas frente a Ayuntamientos, la defensa frente a las potestades municipales de defensa de bienes públicos, como las de deslinde o recuperación posesoria, la defensa de propiedades colindantes con el dominio público marítimo-terrestre o el planteamiento de acciones reivindicatorias o de deslinde contra colindantes en fincas de gran extensión en diversas Comunidades Autónomas.

El Derecho Urbanístico constituye desde siempre otro gran campo de actuación, que se mantiene en estos años porque no se limita a asuntos ligados con el desarrollo urbanístico (Juntas de Compensación, etc.), sino que abarca el núcleo de la regulación jurídica del suelo, con una especial incidencia en la impugnación de licencias y de obras ilegales, habiéndose conseguido en los últimos años varias demoliciones en asuntos especialmente complejos.

También hay que destacar el logro de que se hayan completado con éxito varias urbanizaciones de grandes proporciones a pesar de la anulación de los planes que habían autorizado su construcción (con un importante despliegue jurídico que permitió obtener la consolidación de las inversiones y salvaguardarlas de la anulación los planes) o la obtención de importantes indemnizaciones por incumplimientos de convenios urbanísticos por Ayuntamientos.

Otra faceta importante es la relativa a la función pública, en la que el despacho se ha ocupado desde hace muchos años de la representación de colectivos funcionariales en conflictos contra sus respectivas Administraciones relacionados con la obtención de mejoras en su clasificación profesional. Ha tenido una gran relevancia práctica la situación de los orientadores escolares del Ministerio de Educación, que consiguieron en virtud de sentencia el pase desde el Cuerpo de Maestros (del entonces Grupo B) al Grupo A, con importantes repercusiones profesionales y patrimoniales. También hay que mencionar el asesoramiento y defensa de Administraciones Públicas que ponen en marcha procedimientos de reestructuración de plantillas (incluso con la supresión de plazas de funcionarios) o la defensa en expedientes disciplinarios, habiéndose conseguido, por ejemplo, la anulación de sanciones y la declaración de que en Comunidades Autónomas como la gallega son nulas todas las sanciones impuestas por infracciones graves por falta de tipificación legal, cambiando la jurisprudencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia.

En materia expropiatoria el despacho tiene una gran experiencia que comienza con la revisión de justiprecios, en la que se han obtenido grandes resultados frente a Administraciones Públicas y frente a beneficiarios privados, así como en el ejercicio del derecho de reversión, agotando los estrechos márgenes en que es reconocido por la legislación vigente.

En el ámbito de la contratación pública cabe destacar, junto a la impugnación de adjudicaciones (donde se ha obtenido recientemente el reconocimiento en sentencia del derecho a obtener una adjudicación, ciertamente insólito, y la correspondiente indemnización), la reacción jurídica en concesiones de obra cuyos ingresos se han quedado muy por debajo de lo previsto inicialmente, habiendo conseguido de algunas Administraciones que se hagan cargo de la obra concedida e indemnicen su valor al concesionario, o la defensa de contratistas en numerosos pleitos contra la Administración contratante, con la obtención de importantes indemnizaciones por daños causados durante la ejecución del contrato o del reconocimiento de que la revisión de precios, cuando se paga al final del contrato (como es lo habitual) devenga los elevados intereses de demora de la Ley contra la morosidad desde la fecha de cada una de las certificaciones de obra en las que se aplica la revisión.

El despacho tiene una gran experiencia en numerosos sectores económicos, como por ejemplo el de las energías renovables, que comenzó con una intensa participación en el campo de las minicentrales eléctricas y pasó después con naturalidad a nuevas formas de actividad como la instalación de parques eólicos y de generación de energía solar. También merece la pena citarse la experiencia en el campo de las actividades mineras, tanto en lo relativo a la obtención de los permisos y concesiones y la superación de trámites ambientales, como en los conflictos entre distintos operadores.

Bocanegra. Abogados en Oviedo.

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